Choque

Me resulta muy difícil, quizá irresponsable, quedarme al margen de todos los atropellos ocurridos, cada cual más cínico que el anterior, en relación al conflicto creado en Catalunya. Algunos editoriales califican de cerriles y demagogos a ambos bandos de la contienda. Lo que no sorprende es que estos adjetivos son intercambiables. Cerriles unos y demagogos otros, o viceversa.

Enmarañados entre tanta bandera, intervención, y alguna que otra tropelía democrática, quizá los actores del embrollo no se han detenido a reflexionar acerca de la raíz de esta cuestión. Hay cierto número de catalanes, y no pocos, que se sienten tan españoles como franceses. Es decir, nada. ¿Legítimo? Por supuesto. También hay que mencionar que algunos otros se han subido al carro del nacionalismo por otro tipo de razones: quizá el sistema de financiación, quizá el anhelo de mayor autogobierno, etcétera. Y, al contrario de lo que se pretende hacer ver, no son cuatro exaltados de bar reclamando no se sabe bien qué.

Y la clase política, en lugar de dedicarse al noble oficio del diálogo, que se entiende pagado por el contribuyente –el catalán también–, ha dejado florecer el árbol del descontento en una decepcionante estrategia. A unos les interesaba que creciese el enfado en las calles catalanas, y otros, ilusos o incapaces de enfrentarse al problema como debían, creyeron que el oleaje cesaría por obra divina. Pero, evidentemente, no ha sido así.

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Artur Mas (CiU), José Luís R. Zapatero (PSOE) y Duran i Lleida (Unió) tras la aprobación del Estatut en el Congreso

El Estatut catalán aprobado en 2006 por el Parlament fue un intento por parte del nacionalismo catalán, en connivencia con los socialistas, de colar esa mayor autonomía vía inconstitucional. Y fué aprobado en un referémdum al que tan solo acudió el 48% de catalanes y catalanas. Ni legalidad ni legitimidad. Y, de esta forma, en 2010 el Tribunal Constitucional, previo recurso del Partido Popular, acabó por recortar aquellos artículos incompatibles con la Carta Magna.

Y llegados a este punto, los “noes” populares se sucedieron. No a negociar, no a la reforma constitucional, no mantendrían la nacionalidad española, no, no y no. ¿Y la europea? En cualquier caso, los socialistas, que si brotes verdes, que si reforma express de la Constitución para pagar a los bancos -para eso sí-. Pero en Catalunya, indefinición total y absoluta, por miedo a agravar la fuga de votos y de militantes de aquel entonces. En definitiva, entre unos y otros, la casa sin barrer, y en Catalunya, la paciencia por los suelos.

No obstante, tampoco las autoridades catalanas han esperado a obtener los apoyos necesarios en las Cortes para modificar el modelo territorial hacia el federalismo y así, ganar autogobierno. Prefirieron el atajo rápido pero ilegal, en lugar de seguir los procedimientos adecuados. Digamos que empezaron el edificio por la azotea. Y ahora, catalanes, os prometemos una consulta el año que viene. Bueno, al otro será. Este sí. Pero no sirve. Ahora me denuncian. Ahora recurro. Ahora me condenan. La represión del Estat.

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La Diada se ha ido convirtiendo, año tras año, en la demanda de un referéndum de autodeterminación.

La judicialización del conflicto, tanto en términos institucionales como mediáticos, es el síntoma de un Estado de derecho al que se le empiezan a ver las costuras, y que, por tanto, necesita ser repensado y renovado. ¿Cuál es el problema entonces? Que se tuvo que hacer en su momento, pero eso no ocurrió.

“La judicialización del conflicto es el síntoma de un Estado de derecho al que se le empiezan a ver las costuras.”

Tal y como se encuentran las cosas ahora, por culpa de cínicos y demagogos, el choque es casi inevitable. En su huída hacia adelante, la Generalitat y el Parlament se han olvidado de la democracia. Ahora ceso al jefe de los Mossos, ahora presiono a alcaldes, ahora voto una ley sin debate alguno y con la mitad de los escaños vacíos. Y a continuación le envío una carta al Rey y al Presidente por si quieren hablar.

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El TSJC condenó a diversos líderes catalanes por la consulta del 9 de noviembre de 2014

Y el Ejecutivo español acaba por recurrir a la justicia para resolver un problema de cariz meramente político al que no se hizo frente cuando se avistaron los primeros signos de polarización. Ahora te controlo las cuentas, ahora las intervengo, ahora te denuncio, ahora incauto urnas, ahora registro imprentas, ahora prohíbo actos.

Para mear y no echar gota lo de ayer. Unidos Podemos, a doce días del 1 de octubre, propone una comisión de alcaldes, parlamentarios y altos cargos de todo el espectro político para proponer un referéndum que, aunque pactado, continuaría siendo ilegal. Una propuesta que, a estas fechas, parece de las pocas que podrían suavizar el choque. Su éxito, no obstante, es bastante poco probable, puesto que ni PSOE está por la labor de acudir, ni evidentemente Ciudadanos o PP. Sería, entonces, una reunión de independentistas y favorables a un referéndum. Poco debate posible.

El choque, gestado desde hace más de una década, ha encontrado su momento ahora. La tensión no parece que vaya a cesar, y, se celebre el 1-O o no, el conflicto de intereses nunca se resolverá por el camino judicial, sino por el político. Ese que hace más de una década se debió tomar.

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